Una comisión de ámbito nacional integrada por expertos independientes será la encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet. Se llamará Comisión de Propiedad Intelectual y tendrá unos poderes hasta ahora inéditos para un órgano administrativo, puesto que suya será la potestad de bloquear las páginas web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como películas, canciones y videojuegos. La tutela judicial del proceso, que en el caso del corte de las conexiones de los internautas particulares nadie pone en duda, queda al menos en entredicho, en el caso del bloqueo de las web, que podrá ser decidido en primera instancia por la citada comisión.
La propia ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, reconoció ayer en el Senado que se tratará de un procedimiento administrativo el que decida, “con plenas garantías”, las medidas que habrá que adoptar “contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros”, y que la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión quien valore esa opción.
La vaga redacción de la modificación legal reproducirá la polémica que ya han vivido otros países europeos sobre si es necesaria la intervención judicial previa para restringir los servicios en Internet. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad la directiva en la que se retiraba ese requisito, y Francia ha creado un organismo administrativo (Hadopi) con potestades para perseguir a los internautas que realicen descargas de archivos protegidos. La gran diferencia en el caso de España es que la Comisión se centrará en la persecución de las páginas web tanto de descargas directas como de programas p2p de intercambio de archivos y no perseguirá a los internautas particulares que realicen esas descargas. “En ningún caso, se va a cortar Internet a los usuarios”, dijo González-Sinde. continue reading…
Las dos ramas del legislativo de la UE -el Parlamento y el Consejo- se han puesto hoy de acuerdo en que las autoridades podrán cortar el acceso de un usuario a Internet sin necesidad de una orden judicial expresa, aunque tras un “procedimiento justo e imparcial”.
Hace unos años, cuando alguien necesitaba obtener cualquier tipo de información (de carácter científico, de entretenimiento, etc.), solía dirigirse hacia una biblioteca pública en la que podía consultar los tradicionales catálogos de autor, título, materia u otros que describían los documentos existentes y la ubicación de estos en la biblioteca. Naturalmente, se requería de una inversión importante de tiempo y esfuerzo para su consulta, evaluación y asimilación.